El Derecho Disciplinario en Colombia ha dado un paso gigantesco de cambio, de transformación evolutiva ya creciente, como consecuencia inevitable de tres procesos que queremos destacar, que pueden ser más: el primero, el más extenso en el tiempo, la larga vigencia del denominado Código Único Disciplinario, vaciado en la Ley 734 de 2002, que ha perdurado por casi 20 años (los cumpliría en mayo de 2022; el segundo, la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el caso Petro versus Colombia, de julio de 2020; y el tercero, la expedición de la Ley 2094 de 2021, Reforma de la Ley 1952 de 2019.

De no haber sido por una coyuntura generada en el artículo 140 de la Ley 1955 de 2020 (Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022), el Código General Disciplinario, recogido en la Ley 1952 de 2019, habría entrado a regir el 1º. de julio de 2021, sin mayores contratiempos; pero llegó la precitada Sentencia de la CIDH y la sacudida, en especial en la doctrina disciplinarista, cada día más rica y más productiva, fue impactante, porque puso a repensar a más de un estudioso, por los mandatos de obligatorio cumplimiento que señalaban, que concernían, con el concentrado poder depositado en los funcionarios competentes de adelantar la investigación, formular la acusación y emitir el fallo de primera instancia; la eliminación de la criticada única instancia y la imposibilidad para la Procuraduría General de la Nación, como órgano administrativo, no judicial, de investigar y sancionar con destitución e inhabilidad general o especial a servidores públicos de elección popular.

El entonces procurador, Fernando Carrillo Flórez, y la actual, Margarita Cabello Blanco, presentaron, en su tiempo, los proyectos de Ley 595 y 423 de 2021 que, en su momento, fueron acumulados, iniciándose -con mensaje de urgencia de la presidencia – el trámite correspondiente, en comisiones primeras conjuntas, de Senado y Cámara de Representantes, que terminó con la expedición de la Ley 2094 de 2021, reformatoria de la Ley 1952 de 2019.

CESJUL ofrece un Diplomado en Derecho Disciplinario con el que se pretende abarcar el mayor número de componentes, sustanciales y procesales, objeto de reforma, sin dejar de lado los que quedaron vigentes en la Ley 1952 de 2019; hay muchísimas novedades; cambios de paradigma como, uno de los más relevantes, la separación entre las fases instructiva y de enjuiciamiento, situadas en funcionarios diferentes, administrativos o judiciales, dependiendo de la entidad u organismo de que se trate.

El desarrollo y presentación temática que proponemos, estará en manos de docentes expertos en derecho disciplinario y de su expresión normativa (Leyes 734 de 2002, 1952 de 2019 y 2094 de 2021).

Les esperamos en esta nueva oportunidad.

El diplomado va dirigido a jefes, asesores y otros servidores adscritos a las Oficinas de Control Disciplinario Interno, Control Interno de Gestión, oficina jurídica; asesores del Despacho; abogados en ejercicio de su profesión, estudiantes de Derecho, funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, de las Personerías Distritales o Municipales, Secretarios Generales, Jueces y Magistrados, Gobernadores y Alcaldes, Profesores universitarios y  demás interesados en la temática.