Ni un paso Atrás, siempre adelante para la Justicia Penal

Artículo Estudiantil

Por: David Stiven Sierra Contreras.

La necesidad de modernización, digitalización e innovación de la administración de justicia, se hace cada vez más urgente, pues la lentitud que caracteriza a los procesos judiciales es uno de los problemas que mas afecta al acceso efectivo a la justicia en nuestro país.
Este debe ser uno de los grandes retos a enfrentar por el gobierno entrante en cabeza de Gustavo Petro, pues la efectividad de la administración de justicia no es un tema menor. Este trabajo en busca de la eficiencia, debe ir alineado con su sistema de política criminal.
Con la llegada del ministro de justicia Néstor Osuna, se han presentado múltiples propuestas un poco anti populistas para muchos, pero muy aterrizadas para la búsqueda de una recta impartición de justicia.
El ministro Osuna llegó a dirigir el ministerio de justicia y del derecho con ciertas intenciones para mejorar el funcionamiento de la administración de justicia, reviviendo el debate de justicia restaurativa, descongestión de delitos y buscando crear mecanismos más ágiles para que los ciudadanos logren acudir y obtener soluciones con prontitud. Estas propuestas que son acertadas, deben ir acompañadas de uno de los temas mas importantes a la hora de impartir justicia en el año 2022, como lo es la implementación de las TIC en todas las actuaciones procesales.
Dentro de la realidad del funcionamiento de la administración de justicia durante años atrás, se logro evidenciar los graves inconvenientes que se presentaron con la presencialidad, tales como los malos estados de las salas y juzgados presenciales, la congestión de expedientes físicos en los despachos, la lentitud de operación en la justicia, el cruce de audiencias por parte de funcionarios o abogados litigantes, las dilaciones como consecuencia de la imposibilidad de asistir a las diligencias presenciales, etc.  Pues bien, con la llegada de la pandemia del COVID 19 y ante la urgencia de continuar impartiendo justicia, se innovo en la materia con la implementación de las TIC para la administración de justicia, lo cual trajo como resultado excelentes índices en materia de celeridad y acceso efectivo a la justicia para los colombianos. Una vez culminada la emergencia sanitaria los usuarios y funcionarios de la administración de justicia resaltaron la necesidad de continuar utilizando los medios tecnológicos en los procesos judiciales.
La sorpresa se la lleva la justicia penal, cuando el legislador determina que sus funciones deben realizarse como regla general de forma presencial, este argumento sustentado bajo una concepción antigua del principio de inmediación, el cual desconoce por completo el precedente judicial realizado por la Honorable Corte Constitucional en sentencia C 420/ 20, en donde expone la importancia de la implementación de los medios tecnológicos. De igual forma es clara al exponer que el principio de inmediación no implica un contacto o encuentro físico entre el juez, los sujetos procesales y la prueba. La Corte es clara y acertada en la misma providencia al mencionar que “El uso de las TIC Permite garantizar el principio de inmediación, incluso en mayor medida que la presencialidad”. Las posiciones de los altos tribunales han sido certeras y concretas, pues La H. Corte Suprema de Justicia ha defendido esta postura y mencionó que “Las TIC son herramientas útiles para el logro del principio de inmediación en las actuaciones procesales por cuanto permiten al juez conocer de viva voz las razones de las partes, aun si esto solo ocurre mediante tecnologías.” Ha sido tanta la importancia para la administración de justicia de este tema, que la misma sala penal de la Corte Suprema de Justicia ha mencionado que incluso en materia penal el juez ha encontrado una relación directa con la prueba o las actuaciones de los demás sujetos participes dentro del proceso, mediante el uso de los medios tecnológicos, como grabaciones de audio y videos.
Es innegable entonces la urgencia de una regulación que apoye el principio de celeridad, que vela porque el proceso se adelante en el menor lapso de tiempo posible y que el Estado otorgue todos los medios necesarios para convertir a la administración de justicia en eficiente, logrando que la situación jurídica de los procesados se resuelva de forma pronta. La necesidad que tienen las personas procesadas de solucionar su situación jurídica de forma eficiente y rápida, es un tema de vital importancia. Pues esto acompañado del estado de cosas inconstitucional del sistema carcelario colombiano, alarga el sufrimiento y coloca a los detenidos en una situación extendida de violación de derechos fundamentales, ya que se demorarán mas los procesos y por ende su situación de libertad.
El trabajo por mejorar del funcionamiento de la administración de justicia, debe ser un pilar fundamental dentro de las políticas de este gobierno, pues muchas de las injusticias sociales se dan en este escenario. Dentro de las finalidades en esta materia se debe incluir la digitalización de los expedientes, así como la implementación de las TIC como regla general en la justicia penal. No podemos retroceder en garantías obtenidas para la justicia. La emergencia sanitaria nos enseño nuevas herramientas de gran utilidad del siglo XXI, impulsando a una tercera revolución industrial tecnológica, con la cual no podemos ser ajenos.