fbpx

Los Retos del Cambio en la Política Criminal

Por Rubén Darío Acosta Ortiz*

La justicia es la reina de las virtudes republicanas y con ella se sostiene la igualdad y la libertad”.

Simón Bolívar

Bajo la promesa del cambio se ha elegido un nuevo gobierno nacional en Colombia que rompe con la tradición política que ha gobernado durante la historia republicana de nuestro país. Ello implica enormes retos por cuanto se pasa de la histórica oposición a la gobernanza, aunque ya han existido experiencias territoriales.

Ante los retos que implica un cambio político, también se hace necesario uno en la política criminal que, aunque en múltiples escenarios, principalmente académicos, hemos dicho que no existe, lo cierto es que ha habido una política criminal distante de la realidad social, cultural, económica y política que se ha enfocado contra mujeres y hombres jóvenes, campesinos, indígenas, opositores, defensores de derechos humanos, pero principalmente contra la pobreza que los atraviesa.

Nuestra política criminal responde a una visión clasista y selectiva que va tras del aumento de delitos y de penas, que recorta garantías ciudadanas y afecta permanentemente la dignidad humana, la libertad, el debido proceso y la presunción de inocencia. Es una política criminal que responde a un derecho penal del enemigo que niega permanentemente los derechos de los ciudadanos que se ven sometidos a un proceso penal o que en algunos casos facilita la creación de enemigos para quitarles sus derechos mediante la criminalización de la protesta social, por ejemplo.

Se caracteriza por ser populista en consonancia con el expansionismo penal, su objetivo es el punitivismo y no el ser humano al que cosifica en distintas fases el ejercicio persecutorio, ya que lo perfila, persigue, intercepta, allana, detiene y encierra, sin importar si es inocente o no. Sin temor a equivocarme, podría afirmar que hoy en día al Estado no le interesa perseguir el crimen y condenar culpables, sino encerrar a “sospechosos”, ponerlos tras las rejas, sin importar si son inocentes, porque da más réditos y sensación de seguridad, encarcelar que condenar.

Nuestra política criminal es paquidérmica y contradictoria, ni siquiera crece en consonancia con su principal objetivo de “encerrar”. No han bastado las declaratorias de estado inconstitucional del sistema penitenciario para tomar acciones de fondo, tan solo de forma, aunque la misma Corte Constitucional ha sido también responsable de la crisis carcelaria al aceptar la peligrosidad como un criterio válido para privar preventivamente la libertad, aunque sea inconvencional.

Las estadísticas del sistema penitenciario y de medicina legal, dan cuenta del enorme riesgo que significa ser joven, pobre o analfabeta, más del 80% de la población penitenciaria y que habita los cementerios dan cuenta de ello. La política de persecución de la criminalidad basada en cámaras de vigilancia, aumento de policías y seguimientos encubiertos, han hecho que hoy en día tengamos más crímenes grabados sin que disminuya el impacto delincuencial, pero lo que es peor, nos han empujado a entregar nuestra libertad ciudadana a cambio de una falsa percepción de seguridad.

Las cárceles o centros penitenciarios no distinguen entre personas inocentes con penas anticipadas o como eufemísticamente se les ha nombrado: detenidos preventivamente, de los condenados, ello implica que no solo se suspenden garantías constitucionales, sino que además se matriculan en universidades del crimen donde muy pocas veces se logra salir y obtener segundas oportunidades. La dignidad del ser humano se elimina cuando se es privado de la libertad en cárceles como las de Colombia.

Seguramente esta cruda descripción se queda corta ante las consecuencias derivadas de una equivoca política criminal, no obstante, ello no podrá ser superado si en el centro de atención están las estadísticas y no el ser humano.

ACCIONES PARA EL CAMBIO DE UNA POLÍTICA CRIMINAL

  • La política criminal debe ser preventiva, sustentada en una visión humana e interdisciplinar que identifique las causas y no solo mire las consecuencias. 
  • Colombia no tiene enemigos internos y el derecho penal no debe solucionar problemas sociales ni reemplazar políticas públicas, es por ello que se debe reafirmar como ultima ratio y en los casos donde deba aplicarse deberá ser bajo la perspectiva de la justicia restaurativa. 
  • La inclusión social a programas de empleo y educación debe traspasar los muros de las cárceles, la propuesta de articular acciones con el SENA y el sistema penitenciario permitirían cualificar a quienes se encuentran condenados y garantizarse la continuidad para los pospenados en programas de inclusión laboral. 
  • El problema de hacinamiento se soluciona dejando en libertad a los inocentes y en casos excepcionales reemplazando las medidas intramurales por domiciliarias. Se debe propender para que el peligro sea proscrito como criterio de restricción de la liberta y en aplicación de la convención americana sobre derechos humanos. 
  • El amplio numero de delitos descritos en nuestra ley penal vigente debe pasar por un examen de conveniencia y utilidad. Es necesario depurar figuras obsoletas o trasgresoras de las garantías ciudadanas.

Si bien es cierto las expectativas son enormes, y podríamos estar hablando de un “deber ser” ajeno a la realidad, cambiar el discurso e iniciar acciones por sencillas o altruistas que parezcan, generaran cambios a futuro no solo institucionales sino generacionales.

*  Abogado de la Universidad Autónoma de Colombia. Especialista en Derecho Penal y Criminología, actualmente Director del Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos CESJUL y Vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Penalistas de Colombia y fundador del mismo.

Deja un comentario

Carrito de compra
Ir arriba