Por CESJUL
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En noviembre de 2018, el hombre que más sabía sobre el mayor escándalo de corrupción de América Latina murió en Colombia.
Tres días después, su hijo bebió un sorbo de agua de una botella que encontró en el escritorio de su padre. Y murió también.
Seis años después, la causa de muerte de Jorge Enrique Pizano sigue sin condena. La investigación, que la Fiscalía intentó cerrar, sigue abierta por orden de un juez.
Este es el caso que cierra la serie. Y es el más cercano a casa.
"En el caso del fallecimiento de Jorge Enrique Pizano y su hijo, hay muchos vacíos respecto al modo, tiempo y lugar de los hechos. Las pruebas recaudadas presentan inconsistencias y contradicciones."
El hombre que sabía demasiado
Jorge Enrique Pizano Callejas era ingeniero civil, egresado de la Javeriana, con posgrado en alta gerencia en los Andes. Fungía como Comptroller — auditor de control financiero — del proyecto Ruta del Sol II, la megaobra vial en la que participaba como socio la constructora brasileña Odebrecht junto con el Grupo Aval.
Desde 2015, Pizano comenzó a documentar irregularidades: pagos sin justificación, contratos modificados en favor del concesionario, transacciones millonarias de dudosa trazabilidad. Tenía audios. Tenía correos. Tenía facturas. Y los había grabado con cuidado, incluyendo conversaciones con Néstor Humberto Martínez — en ese momento abogado del Grupo Aval y quien más tarde sería designado Fiscal General de la Nación de Colombia.
Antes de morir, Pizano tuvo dos reuniones con agentes del FBI en las que entregó documentación traducida al inglés sobre las transacciones irregulares. Quería entrar en un programa de protección a testigos en Estados Unidos. No lo logró: su solicitud de visa fue negada alegando una investigación en su contra que, según su familia, nunca existió.
La prensa lo llamó el hombre que sabía demasiado. El 8 de noviembre de 2018, Jorge Pizano murió de manera repentina. La causa oficial inicial fue infarto fulminante.
La botella, el cianuro y las 36 horas que cambiaron todo
Tres días después, el 11 de noviembre, su hijo Alejandro Pizano llegó a la finca familiar y encontró en el escritorio de su padre una botella de agua saborizada. Bebió un sorbo. Murió envenenado con cianuro.
El hallazgo de la botella desencadenó la reapertura de la investigación sobre la muerte del padre. La Fiscalía encontró cianuro en la botella y detectó el ADN de Jorge Pizano en su boca. Con esos elementos, el ente acusador construyó su tesis: Pizano padre habría preparado la botella con intención suicida — agobiado por la presión del caso Odebrecht — murió de infarto antes de consumirla, y la botella quedó en el escritorio hasta que la encontró su hijo.
Las pruebas recabadas en la residencia no fueron legalizadas en las 36 horas que exige el Código de Procedimiento Penal. El juez de garantías no las aceptó. La evidencia física más directa del caso quedó sin valor probatorio válido — no porque no existiera, sino porque el procedimiento de custodia falló en el momento más crítico.
El error que nadie debería cometer: declarar lo que no se puede probar
Frente a las dudas de la opinión pública, el entonces director del Instituto Nacional de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, declaró públicamente que los análisis forenses realizados al cuerpo de Jorge Pizano no habían encontrado trazas de cianuro y que por tanto se descartaba el envenenamiento como causa de muerte.
El sindicato del instituto lo contradijo de inmediato. Y Valdés tuvo que rectificar: los análisis realizados al cuerpo no tenían capacidad técnica para detectar cianuro. No es que los hubieran buscado y no los hubieran encontrado. Es que el método aplicado era incapaz de producir ese resultado.
Afirmar que la ausencia de un hallazgo en un análisis incapaz de buscarlo equivale a descartar ese hallazgo es una de las fallas más graves en comunicación forense. Para el litigante, es exactamente el tipo de conclusión pericial que puede y debe ser destruida en contrainterrogatorio: no se descarta lo que no se buscó con el método correcto.
El iPad borrado y la evidencia que llegó demasiado tarde
En 2023, un perito forense contratado por la familia Pizano halló que información del iPad de Jorge Pizano habría sido borrada entre 2016 y 2018. El dispositivo contenía grabaciones de reuniones, fotografías y documentos relacionados con el caso Odebrecht.
La familia denunció al exfiscal Néstor Humberto Martínez por el presunto delito de ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio. Esa denuncia se encuentra ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. Martínez niega los cargos y califica la denuncia de falsedad.
Lo que el caso ilustra con precisión es un principio que la serie ha recorrido desde el primer artículo: la evidencia digital no se preserva sola. Requiere protocolo, requiere custodia inmediata, requiere un operador que actúe antes de que los datos sean sobreescritos, borrados o simplemente degradados por el tiempo. Cuando ese protocolo no existe — o cuando quien lo controla tiene un conflicto de interés — la evidencia desaparece, y con ella la verdad.
El cierre de la serie — y la lección que une los cinco casos
Lo que une estos cinco casos no es la incapacidad de la ciencia forense. Es algo más perturbador: la ciencia tenía herramientas. Los datos existían. La evidencia estaba.
Lo que falló fue lo que rodea a la ciencia: el protocolo, la integridad institucional, la voluntad de seguir la evidencia hasta donde lleva, sin importar a quién señale.
"La ciencia forense no resuelve casos por sí sola — los operadores judiciales que la usan con rigor e integridad, sí."
En un caso de corrupción de alto nivel, quien controla la cadena de custodia de la evidencia puede determinar si esa evidencia llega al juicio o desaparece antes de llegar. Los plazos procesales de legalización no son formalismos — son la única garantía de que nadie con conflicto de interés pueda intervenir la evidencia antes de que el juez la evalúe.
Para el litigante que representa a una víctima o a la sociedad en casos de corrupción: la primera pregunta no es qué dice la evidencia. Es: ¿quién la tuvo en sus manos, por cuánto tiempo, y bajo qué protocolo?
y Ciencias Forenses Aplicadas
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Cinco casos. Cinco límites distintos. Una sola conclusión:
la ciencia forense no resuelve casos por sí sola — los operadores judiciales que la usan con rigor e integridad, sí.