ES HORA DE “DESABOGADIZAR” EL DERECHO
Por: Rodrigo Javier Parada Rueda
@Rodriparada
Gracias a los esfuerzos desplegados por CESJUL y el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia, el pasado 25 de abril logramos contar con la interesante conferencia a cargo del profesor Eugenio Raúl Zaffaroni quien, desde su casa en la Argentina, habló con más de 6000 espectadores en directo acerca del derecho penal humano. Muchos aspectos fueron objeto de análisis y diversas consideraciones expuso el maestro Zaffaroni respecto al estado del derecho penal latinoamericano. Escuchándolo con atención y mesura, llegamos a la conclusión de que es el momento de “desabogadizar” el derecho, si se me permite la expresión.
El derecho constituye una herramienta esencial de organización social que garantiza una convivencia armónica entre los habitantes en determinado territorio. Sin derecho, claramente no habría la posibilidad de ejercer las prerrogativas que constitucionalmente se nos han reconocido a los seres humanos de antaño, y más concretamente después de la primera mitad del siglo anterior. Hay algo absolutamente cierto, y es que hoy en día el derecho constituye una herramienta a partir de la cual los ciudadanos en general podemos lograr que las diversas afectaciones a nuestras garantías tengan un juicio de reproche por parte del Estado; pero así como reconocemos que a través del derecho se garantiza el buen funcionamiento de la organización social, y que los abogados hemos de ser una barrera de contención frente a los actos arbitrarios del Estado mismo y de los particulares, también se hace necesario aceptar que infortunadamente los abogados nos hemos encargado de llevar al derecho mismo a un plano abstracto y casi incomprensible. Más aún cuando de derecho penal se trata.
Refería el profesor Zaffaroni que se hacía necesario repensar la dogmática penal a partir de los parámetros de cada tipo de sociedad. No podemos afirmar que el derecho penal opera de la misma manera en Alemania, con todos los conflictos que como nación ha tenido, a como opera en Colombia con una serie de conflictos muy particulares que aún hoy siguen vigentes.
Aunque lo anterior pareciera elemental, realmente hemos hecho todo lo contrario en nuestro país. Los abogados nos hemos encargado de encumbrar los conceptos jurídicos foráneos y de llevarlos casi que al plano de lo incomprensible. Por ejemplo: ¿sabe o le interesa al ciudadano qué es la “teoría de la accesoriedad limitada”, en términos de autoría y participación penal? El día que entendamos que el destinatario del derecho penal no es el operador jurídico, no es el abogado, y mucho menos el periodista, sino el ciudadano del común que a diario trabaja por sobrevivir y de mantener su familia, podremos lograr que este (como herramienta de contención social; como mecanismo para lograr la vigencia de la norma) cumpla su cometido, es decir; garantizar la protección de los bienes jurídicos que como sociedad hemos considerado como vitales.
Pero como si fuera poco, esta situación no sólo se presenta con la concepción del derecho penal y su estructura dogmática, sino también con la forma como comunicamos nuestras ideas. Desde la presentación en una diligencia judicial, hasta la forma como interrogamos a un testigo, está presente lo que hemos denominado la “abogadización” del derecho. Por lo general nuestra comunicación está llena de expresiones retóricas y muchas veces desconocidas para todos nosotros, incluso para el emisor de ellas. En términos argumentativos poco comunicamos, y por supuesto, nada convencemos. Cuando el receptor de la información se desgasta tratando de entender qué he pretendido decirle, se limitan las posibilidades de que este mismo comprenda la idea que ha sido objeto de comunicación. Es más, qué difícil es diferenciar entre entendimiento y comprensión. Por ello, bien hemos ganado mala fama los abogados, acerca de aquella “capacidad” que tenemos de utilizar el discurso para confundir el lugar que para convencer, o para transmitir una idea concreta y real.
En conclusión, hasta que todo esto no cambie, vamos a seguir ostentando deshonrosos liderazgos en materia de impunidad. El ciudadano que no comprende y no hace suyo el derecho, y más, el derecho penal, y aquel que no comprende lo que la norma y el discurso pretenden comunicar, jamás determinará su comportamiento conforme al respeto de aquel contrato social, del cual ni siquiera entiende su razón de ser.